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En abril pasado tras años de trabajo, una mesa multisectorial compuesta por entidades médicas, asociaciones sanatoriales y sociedades científicas alcanzó un acuerdo histórico con IOMA para actualizar finalmente su nomenclador, un listado de prácticas que con sesenta años de antigüedad venía generando serios trastornos tanto a los profesionales y las clínicas como a la obra social provincial. Aunque se esperaba que fuera puesto en marcha en forma inmediata para mejorar el sistema de atención, ese acuerdo no ha sido aprobado aún por el gobierno bonaerense, lo que desató ayer un duro reclamo de las instituciones de la salud.
Con una solicitada publicada en el Diario EL DÍA, la Agremiación Médica Platense y la Concertación de Entidades Médicas Independientes de la Provincia (CEMIBO), junto a FECLIBA, ACLIBA y ACLIFE, salieron a reclamarle públicamente al gobierno bonaerense que “facilite la aprobación del nuevo Nomenclador de Prácticas y Consultas Médicas” consensuado para evitar “un colapso operativo en la atención de la salud”.
Mientras que las entidades médicas advierten del efecto que la demora en la aprobación del nuevo nomenclador podría tener para los profesionales al momento de facturar sus servicios, las asociaciones sanatoriales temen que agrave la crisis económica que viene atravesando su sector y que a esta altura califican ya como “terminal”.
“Necesitamos la puesta en marcha inmediata del acuerdo. La aprobación del nuevo nomenclador no sólo traerá aparejado un ahorro en el gasto de IOMA -por la disminución de amparos judiciales, trámites de excepción y derivaciones innecesarias- sino una recomposición de los valores de las prestaciones”, señala Néstor Porras, el presidente del FECLIBA, al resaltar “el enorme trabajo hecho en conjunto durante los últimos meses para intentar paliar la crisis que amenaza la sostenibilidad del sistema de salud y que nos está afectando a todos por igual”.
“Debido al aumento de los servicios, los insumos y los sueldos, las clínicas y sanatorios estamos en un déficit de alrededor del 40% en los valores de las prácticas con respecto a sus costos. En otras palabras -explica Porras- los montos que recibimos actualmente por la atención brindada resultan un 40% menores a lo que cuestan esas prestaciones, un déficit que si bien no es nuevo se ha venido agudizando y ya no se puede sostener. En los últimos años cerraron más de una docena de pequeñas clínicas y sanatorios y la perspectiva que enfrentamos es cada vez peor”.
Sin dejar de reconocer también la importancia del acuerdo, al que calificaron como “un compromiso de trabajo conjunto entre el sector público y el privado que constituye un hecho histórico de gestión”, desde el gobierno provincial explicaron ayer que no hay demoras en su aprobación. “La implementación del convenio ya ha comenzado, las reuniones, foros y comisiones técnicas están en curso; los informes técnicos se desarrollan en equipos interdisciplinarios y el diseño del nuevo nomenclador continúa avanzando. Las instancias de revisión y control necesarios en la administración pública acompañan este proceso a través de los circuitos previstos para garantizar la transparencia y la legitimidad de todo este nuevo modelo de gestión en salud”, aseguraron.